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Bogotá D.C., 21 de mayo de 2025 – En una tensa y polémica sesión plenaria realizada el pasado 20 de mayo, la Junta Administradora Local (JAL) de Engativá aprobó, con 9 votos a favor y 2 en contra, el Proyecto de Acuerdo Local 02, iniciativa del alcalde local. La norma ha generado fuertes críticas de la Mesa Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa, así como de medios comunitarios, quienes advierten que el articulado vulnera derechos fundamentales como la participación ciudadana, la libertad de expresión y la igualdad.
Quince medios representaron a la Mesa Local durante las discusiones previas, y cuatro intervinieron en la última sesión. Entre las voces más destacadas estuvo Rodrigo H. Acosta Barrios (Bogotá Social TV y .org), quien rechazó categóricamente el parágrafo tercero del artículo quinto del acuerdo por considerar que “excluye a la mayoría de los medios por participar en otras Mesas o Consejos”. Acosta denunció que incluso los medios fundacionales serían apartados “por el hecho de haber crecido desde esta localidad hacia otras, lo que representa una medida discriminatoria, inconstitucional y regresiva”.
Desde la Mesa Distrital de la Política Pública de Comunicación Comunitaria, su delegada Marcela Suárez advirtió que el contenido del proyecto “implica una vulneración de derechos fundamentales” y que la exclusión basada en la pertenencia a otras Mesas o Consejos no supera el test de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia. Calificó la medida de “innecesaria, desproporcionada e irrazonable” y recordó que la Mesa de Engativá existe desde 2007 con legitimidad jurídica y social. Además, propuso transformarla en un Consejo Local, tal como ocurre en Usaquén, Chapinero, Bosa y Los Mártires.
Por su parte, Roberto Quiroga Botero, cofundador de la Mesa de Engativá, aseguró que la norma impone una condición inadmisible: “renunciar a participar y a los derechos adquiridos”, lo que en su criterio viola el derecho a la participación y al trabajo. Denunció además una extralimitación de funciones tanto del IDPAC como de la JAL y advirtió que se desconoce la historia y el trabajo acumulado por la Mesa y sus medios.
Finalmente, Darío Andrade, director de un medio especializado en propiedad horizontal, señaló que el acuerdo “impone condiciones sobre hechos externos al territorio” y recordó que el Decreto Ley 1421 de 1993, en su artículo 61, limita a las autoridades locales a legislar únicamente sobre asuntos propios de su territorio.
Los voceros de la Mesa Local y Distrital han anunciado que iniciarán acciones jurídicas para frenar la aplicación de lo que consideran un “precedente peligroso” para el ejercicio de la comunicación comunitaria y la participación ciudadana en Bogotá.
